La situación de derechos humanos en Venezuela a ser evaluada por segunda vez en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (EPU), tiene que ser una revisión absolutamente transparente y apegada a la realidad nacional, pues si la ONU solo se basa en los informes entregados por el Gobierno estaría dando una bofetada a los venezolanos.
Este es el alerta que vienen dando las organizaciones no gubernamentales con trabajo en el ámbito de la salud, pues se han detectado pretensiones de pasar por alto denuncias formales y estudios comprobatorios de la crisis asistencial en Venezuela, además de otros ámbitos en el que violación de los derechos ha sido una constante.
Jhonatan Rodríguez, presidente de la Organización StopVIH, dijo que aunque los documentos en los que se basa el EPU de Venezuela incluye informes de grupos de trabajo independientes y resúmenes de actores interesados como organizaciones regionales y no gubernamentales, en la antesala se comprobó una clara inclinación a tener solo la versión de Gobierno y ello fue lo que motivó la carta de protesta de varias organizaciones por no informar debidamente a la ONU en Ginebra, de acuerdo con su mandato de proteger los DDHH.
Quienes atienden directamente a víctimas de la crisis de salud en Venezuela, como las personas con VIH, rechazan que los informes en que se basará el Examen sobreponen los posibles esfuerzos en prevención del delito, medidas para combatir la impunidad, eliminación de la violencia contra las mujeres, independencia e imparcialidad del poder judicial, acceso a la justicia para las mujeres víctimas de la violencia, acceso al agua potable, entre otros tópicos, a los casos reales de muerte por falta de medicinas, discriminación por creencia política, líneas alimentarias dirigidas por un partido político, así como persecución y división de la población.
Hacer públicas las amenazas que se ciernen sobre Venezuela en esta revisión de su compromiso de cumplir derechos humanos universales y propios de la Nación, es para las ONGs parte de su responsabilidad como instituciones defensoras de los derechos de las personas, por eso Rodríguez insiste en que están atentos a la reunión porque hasta ahora las Agencias de Naciones Unidas en Venezuela se han mostrado como asalariadas del Gobierno, olvidando que es al pueblo al que deben responder.
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