Acción Solidaria en conjunto con StopVIH y otras organizaciones sociales elaboraron y presentaron ante la ONU, en Ginebra un informe relacionado con la epidemia de VIH y la salud en Venezuela, y aunque siempre se toman como informes oficiales los que presentan los gobiernos, esperan que los Estados Miembros de la ONU pongan de relieve los informes sobre el VIH y la salud en Venezuela y se le dé parte activa a la sociedad civil, en la consideración de sus planteamientos cuando llegue el momento de la revisión del cumplimiento de los compromisos en el área de los derechos humanos.
Tal evaluación tiene fecha para el próximo 1 de noviembre, pues en la agenda de la ONU está contemplado para entonces realizar a Venezuela el Examen Periódico Universal (EPU) de DDHH que tiene como fin explorar el cumplimiento de deberes, obligaciones y compromisos con los derechos humanos.
Jhonatan Rodríguez, presidente de StopVIH, aseguró que es vital la revisión transparente que se haga de Venezuela porque es preciso reencontrar un camino para respaldar la salud de las personas y eso está directamente relacionado con la defensa de los DDHH. “Sería inaceptable que quienes dirigen las instituciones públicas en Venezuela manipulen la información, lo urgente es que el mundo vea lo que ocurre a lo interno en nuestro país para que se exija el cumplimiento de los compromisos”.
Rodríguez se refiere a la necesidad de constatar la situación de escasez de medicamentos, especialmente los de VIH, y los relacionados con las infecciones oportunistas como citomegalovirus, herpes, sífilis, gonorrea, toxoplasmosis, entre otras, además de las fallas recurrentes con el suministro de tratamientos para tuberculosis, que ha sido demostrado con el registro de mortalidad de personas altamente vulnerables (privados de libertad) que el Estado venezolano no ha sido capaz de brindarles atención oportuna.
Las ONGs insisten en su informe que no se trata de acusar al Gobierno, sino de hacer cumplir la Constitución Nacional que ubica a la salud como un derecho, “la salud es una obligación constitucional y el gobierno tiene que garantizarla, porque se trata de la salud de millones de personas que tienen sus vidas en peligro por la deplorable gestión de salud de la ministra Luisana Melo y todo el equipo que acompaña la gestión del Gobierno venezolano”.
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Prensa, StopVIH, CNP. 6.126.