Ginebra, 20 marzo de 2012 (EFE) – La financiación de la prevención y la respuesta al sida es una cuestión de derechos humanos básicos y una obligación legal para todos los Estados, afirmó hoy la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pillay defendió un enfoque del virus VIH «sobre la base de los derechos humanos» y un compromiso de los Estados para garantizar que sus políticas no violan los derechos de las personas seropositivas.
Pillay urgió a «garantizar que las leyes, políticas y prácticas no aumenten la vulnerabilidad al VIH o resulten en violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH».
La Alta Comisionada argumentó que «la financiación es uno de los principales desafíos» y que aportar dinero en la respuesta al sida «no es solo necesario, sino una obligación legal en el respeto de los derechos humanos».
«Tenemos que garantizar la sostenibilidad del acceso a los servicios relacionados con el VIH, incluido un tratamiento con antirretrovirales asequible y de buena calidad (…). No podemos permitir que la crisis económica actual se traduzca en una marcha atrás en los avances que hemos logrado hasta ahora», manifestó.
«(El VIH) nos ha enseñado mucho sobre cómo el abandono de los derechos humanos aumenta la vulnerabilidad» y aseguró que «la falta de respeto por los derechos humanos no solo ha atizado la epidemia, sino que ha sacado a la superficie formas perniciosas y persistentes de discriminación y marginación», añadió.
En su opinión, los grupos más afectados son los trabajadores del sexo, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, los transexuales, los drogodependientes, los presos, los emigrantes, los refugiados, las personas que viven en situaciones de pobreza y extrema pobreza, los huérfanos, las mujeres jóvenes y las niñas.
Estos colectivos, dijo Pillay, «no solo deben ser incluidos en las respuestas nacionales al VIH, sino que deben estar implicados en las opciones políticas y en las decisiones que les afectan».
«No es una coincidencia que estas poblaciones sean las más vulnerables ante la epidemia. No solo sostienen el peso de la enfermedad, sino que sufren una amplia gama de violaciones de los derechos humanos», agregó la Alta Comisionada.
Pillay consideró que en las últimas décadas se han superado muchos obstáculos, pero reconoció que es necesario «hacer más y mejor, de manera decidida, para generar resultados duraderos e inaugurar una era sin contagios, sin muertes y sin discriminación».
La lectura positiva, sin triunfalismos, es que los nuevos contagios y las muertes relacionadas con el sida han caído a sus niveles más bajos desde el pico de la epidemia, según Pillay.
De acuerdo con sus datos, alrededor de 14 millones de personas tienen ahora acceso a tratamientos que les salvan la vida, 2,5 millones de muertes han sido evitadas desde 1995 y el 48 por ciento de mujeres que viven infectadas con el virus VIH recibieron tratamiento para prevenir su transmisión en 2010.