El anuncio de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI) sobre la degradación de la Defensoría del Pueblo que es la institución en Venezuela reconocida para el tema, de su categoría “A” a la “B, es histórica para el país, sostuvo el presidente de la Organización StopVIH, Jhonatan Rodríguez, porque es la más fiel demostración de la falta de independencia de poderes en Venezuela y la influencia del Ejecutivo en sus decisiones lo cual contraviene la Constitución Nacional.
Rodríguez hizo referencia a la noticia, por cuanto calificó como muy grave que Venezuela haya perdido su voz ante las Naciones Unidas ya que da cuenta “de la cruz” que llevan los venezolanos, sin embargo consideró importante que suceda porque abre la esperanza de que sean vistos, analizados y desmontados los imperdonables abusos contra los derechos humanos que vienen cometiendo las autoridades gubernamentales.
“Para las organizaciones dedicadas al ámbito de la salud ha sido un episodio muy duro batallar contra el avance de enfermedades sin el respaldo de políticas públicas que atiendan a la población desde la prevención, siguiendo con el tratamiento y por supuesto finalmente con la propia condición de salud, por el contrario hemos visto morir gente sin siquiera llegar a conocer su verdadero diagnóstico porque ni tuvo la orientación para advertir la enfermedad, ni logró el apoyo para controlarla”, sostuvo.
Como referencia directa por la labor de apoyo que brinda a las personas con VIH, Rodríguez recordó que las últimas estadísticas sobre los casos conocidos data de más de 63 mil personas que reciben tratamiento antirretrovirales del Programa Nacional de Sida, sin embargo, no se conoce cuál es la totalidad de las personas que ha contraído el virus, lo cual es muy grave porque si no se conoce a ciencia cierta la realidad cómo entonces se va a atacar el problema.
El caso es que en la actualidad se presume que en el país hay por lo menos 300 mil personas con VIH, de los cuales solo 63 mil recibe tratamiento antirretroviral, y la mortalidad ha aumentado en 70% entre los años 1999 y 2013.
La conclusión es que mientras los derechos humanos van por las trochas, el virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH) como parte de las vulnerabilidades de salud, va por las autopistas de Venezuela a alta velocidad, pero es de advertir que las muertes a causa de negligencia pública son crímenes de lesa humanidad.
“La estrategia del Gobierno ha sido ocultar las cifras reales, en el mejor de los casos si las tienen, porque les permite hacer informes maquillados que prácticamente nadie puede comprobar, sin embargo la realidad ha rebasado toda maniobra, inclusive ante el desinterés de verificación de las propias instituciones de la ONU debidamente acreditadas en Venezuela”.
Dadas las circunstancias nos encontramos en el punto en el que los informes de la Defensoría del Pueblo no son bien vistos en el evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), en virtud de no considerarse una fuente confiable de información, y esto indefectiblemente tiene que llevar a cambiar el orden de cosas en el marco de la garantía de los derechos humanos en Venezuela.
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Prensa, StopVIH, CNP. 6.126.