La aceptación de la ayuda humanitaria para Venezuela tendría que ser uno de los resultados de la reunión de las Naciones Unidas donde se evaluará el cumplimiento de los derechos humanos en el país, si en efecto se consideran datos como que el 90% de las medicinas e insumos médicos dependen de importaciones y de las divisas que administra y autoriza el Estado, pero desde el 2010, fueron restringidas y 7 de cada 10 medicamentos han desaparecido.
Esta realidad tiene que ser tomada en cuenta durante la jornada internacional ya que es una de las razones que ha generado la escasez de medicamentos en el país y por tanto revertirlo no es tan rápido como lo amerita la salud de los pacientes. Así lo expone Jhonatan Rodríguez, presidente de la Organización StopVIH, una de las instituciones firmantes del informe de la sociedad civil que sostiene el Examen Periódico Universal (EPU) de los derechos humanos.
En el estudio cronológico que revela la situación en Venezuela y que la Relatoría del Derecho a la Salud de la ONU debe estimar, se destaca que el incumplimiento de pagos por parte de Venezuela a los proveedores de medicamentos llevó a congelar sus envíos al país y paralizaron su producción interna, llevando la escasez de medicamentos e insumos en marzo de este año a un 85%. Asimismo ha sucedido que se los medicamentos de alto costo suministrados por el Estado solo se consigan de manera intermitente lo que representa un riesgo para la vida de al menos 120 mil personas.
Rodríguez no duda que si bien la suspensión del referéndum revocatorio tiene un prioritario espacio en la agenda del EPU, el tema de la salud también será preponderante, pues aunque el gobierno evadió hablar el repunte de enfermedades desaparecidas como malaria y otras de rápido control como dengue, chikungunya y zika, los países conocen que entre enero y agosto de 2016 se registraron 148 mil.678 casos de malaria, por lo cual Venezuela es el país de América Latina en peor situación, y entre 2011 y 2014 los casos de dengue aumentaron 189%.
Además la suspensión de la Defensoría del Pueblo como facilitador de información por dudas de la objetividad de sus informes, es ya un precedente claro que debería generar efectos positivos para Venezuela en el sentido que se exija el reconocimiento de la crisis, se exhorte a aceptar la ayuda humanitaria y se obligue a la definición inmediata de políticas públicas en el ámbito que garanticen la atención en los centros asistenciales y existencia de medicinas en toda la red de farmacias del país públicas y privadas.
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Prensa, StopVIH, CNP. 6.126.