El próximo 1 de noviembre es de trascendental importancia para los venezolanos ya que la Nación será evaluada en el Examen Periódico Universal (EPU), referido al cumplimiento de compromisos sobre los derechos humanos asumidos por Venezuela ante las Naciones Unidas, y aunque en otras ocasiones era un protocolo muy privado del Ejecutivo Nacional, ahora será una de las citas internacionales más públicas.
Así lo destaca Jhonatan Rodríguez, presidente de la Organización StopVIH, considerando que lo que ha venido sucediendo en el sistema médico asistencial venezolano con la escasez de medicamentos y el crecimiento de las estadísticas de morbi-mortalidad en el país, tiene que ser tomado en cuenta en este escenario internacional y para ello deben revisarse además de los informes presentados por el Gobierno de Venezuela, los informes presentados por las organizaciones sociales venezolanas, las notas y recomendaciones que los países miembros de la ONU han enviado a Venezuela y que este no ha aceptado hasta el momento.
Rodríguez hace la acotación porque la defensa se hará sobre el informe que presentó Venezuela, que si bien asegura que 60 movimientos populares y organizaciones sociales produjeron los 400 informes y generaron los compromisos voluntarios contenidos en el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal, muchas otras instituciones han sido relegadas y las condiciones del país han recrudecido negativamente.
Tal es así que entre las recomendaciones hechas a Venezuela y que este no ha aceptado está, “Tomar todas las medidas necesarias para garantizar que todos los casos de violencia en la sociedad sean efectivamente investigados y sus autores perseguidos y castigados” y “Tomar medidas para proteger la libertad de expresión y de opinión, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Estando estas recomendaciones dentro de las notas rechazadas por Venezuela, queda en evidencia que ha trascendido la situación de represión que existe en Venezuela, y que por tanto hacer denuncias como los casos de muerte por falta de medicamentos son un riesgo aun cuando están calificados como violación al derecho a la vida, sobre todo cuando también se ha negado toda posibilidad de ayuda humanitaria.
Ha transcendido a través de distintos medios de comunicación que de ahora en adelante el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, tendrá apagados los micrófonos en todas las instancias de las Naciones Unidas, pues la ONU decidió quitarle su derecho a expresarse, por considerar que “no está preparado para hablar con contundencia y promover el respeto de los DDHH en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los Derechos Humanos cometidos por las autoridades gubernamentales”.
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Prensa, StopVIH, CNP. 6.126.