Hoy en vez de referirme a casos específicos de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, me referiré a lo mismo pero pensando en que en Venezuela pueden existir entre 980 mil a 1 millón 680 mil personas con orientación sexual homosexual, lesbiana o bisexual.
Quiero destacar estas estimaciones pues ello nos ubica en un contexto de ciudadanía, de seres humanos que trabajan, votan, tienen familia, tienen necesidades de salud específica, que aman, que contribuyen al desarrollo. En fin, ciudadanos y ciudadanos iguales a todos, quienes por su orientación sexual se han visto sometidos al estigma, discriminación y exclusión social. Seres invisibles, maltratados, vejados y humillados por el hecho de sus afectos o por su atracción erótica hacia personas de su mismo sexo.
El entramado de la homofobia se sustenta en la ley, la ciencia y la religión. Cada uno de estos ámbitos hace lo propio para catalogar de delincuente o enfermo o pecador a quienes tienen una preferencia u orientación sexual que no es escogida y que queda sometida a la supremacía de la heterosexualidad en lo cultural, social y político.
Por tanto, el movimiento homosexual de los años 60 y 70 surge ante el acoso, asesinato y persecución de miles de ciudadanos y ciudadanos. La respuesta se orientaba fundamentalmente a derrumbar el mito de la supremacía de la heterosexualidad, como la orientación sexual “natural” de los seres humanos. En medio de todas las adversidades hubo que enfrentar a las instituciones más conspicuas, tales como la familia patriarcal, la iglesia católica, el machismo policial y militarista, la invisibilidad social. Por tanto, el movimiento homosexual desde sus inicios ha tenido un fuerte componente político, que si no referido a partidos, requería con urgencia su vinculación, con otras movilizaciones sociales como sindicatos y ONGs de derechos humanos, por cierto muy impregnadas de lo establecido como normal. Eso condujo necesariamente a la necesidad de reflexionar sobre el sistema político con mayor apertura para la convivencia política, social y cultural de la diversidad sexual. El humanismo y los derechos humanos debían también sufrir sus transformaciones.
En los años 80 y 90 gracias al fortalecimiento de la movilización de las mujeres, se introduce en el movimiento homosexual venezolano la concepción de género, aludiendo ya no a género como mujer, sino más bien a los rígidos patrones culturales que determinen que es lo propio en cuanto a comportamientos y afectos tanto para hombres como para mujeres. Esta concepción de género destaco los vínculos de la violencia y la homofobia como un asunto urgente a tratar en la sociedad, se comienza a diagnosticar como patológico el miedo o desprecio irracional hacia las personas homosexuales, lesbianas o bisexuales. En los 90, un 17 de mayo para ser exactos, es retirada la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Queda pendiente despenalizar y eliminar la homosexualidad de la larga lista de pecados. Por esos tiempos los medios comienzan un mejor trato de la información, sobre todo en Caracas, ya no de forma denigrante.
Durante la década de los 80 y 90 con la expansión del VIH y las consecuencias del sida sobre todo en la comunidad homosexual, se levanta de nuevo el discurso del castigo divino. El sida afecto la salud de la gente, pero también al cuerpo social, que quedo disminuido con la pérdida de mucho liderazgo LGBTI. Luego se dijo que era un problema de todos para justificar las necesarias intervenciones de la salud pública, que una vez más abandonaron a los afectados homosexuales, con la excusa de que había que atender a las victimas inocentes. La paradoja ha sido que ante la decidía y la indiferencia de la epidemia en el mundo de los hombres gay estos tuvieron que reivindicarla para si.
El amparo legal y de la jurisprudencia comienza a delinearse tímidamente en el nuevo milenio. Decisiones del TSJ conocidas como “Si pero No”, reconocen la igualdad pero dejan en el limbo el reconocimiento de familia. La legislación se hace inclusive en cuanto a orientación sexual y la discriminación en el trabajo. Sin embargo, la no discriminación se mantiene en el ámbito de lo declarativo, sin posibilidades de que se puedan restituir derechos violados o sancionar a los violadores de la ley. La homofobia ha continuado haciendo su labor y Venezuela queda lejana de países como Argentina o México en donde se reconoce legalmente la familia homoparental y el cambio de identidad de género en los casos de transexualidad.
Finalmente, quisiera llamar su atención en el sentido de que debemos tratar la homofobia como problema cotidiano, que no es de un solo día. Un problema que genera violencia, aislamiento, estigma, miedo, que impide la igualdad y equidad, que desafía principios, garantías y derechos humanos. Un problema de salud publica que debe asumir el Estado venezolano en sus políticas públicas, para lograr que millares de ciudadanos y ciudadanas puedan expresarse en libertad y vivir dignamente.
Elaborado por: Edgar Carrasco, Oficial de País, ONUSIDA, República Bolivariana de Venezuela.